Dieciséis imputados al final de la instrucción del 'caso Noós'

Esta es la lista de los 16 imputados por el juez Castro:

Diego Torres. Ex socio del duque de Palma y uno de los cerebros de la trama junto a Urdangarin. Torres ocupaba el papel de técnico encargado de tejer la red de sociedades creada para desviar los fondos recibidos tanto por empresas privadas como por la administración pública. Experto en estrategia y patrocinio, antiguo Director de Strategy Innovation Lab y profesor asociado del Departamento de Política de Empresa de ESADE. Conoció a Urdangarin en una de sus clases.

Ana María Tejeiro. La esposa de Diego Torres era responsable del área fiscal y jurídica del Instituto Nóos. Se encargaba, junto a su hermano Miguel, del funcionamiento de todas las empresas de Urdangarin y Torres. Fue citada a declarar en febrero de 2012 y está imputada en caso desde 2011. Al principio Tejeiro se negó a declarar, y exigió recibir el mismo tipo de trato que la infanta Cristina de Borbón.

Miguel Tejeiro. Se encargaba del funcionamiento de todas las empresas de Urdangarin y Torres. Socio, junto a su hermano Luis, del bufete de abogados Torres-Tejeiro. En su declaración remarcó que eran Torres y Urdangarin quiénes tomaban todas las decisiones, desmarcándose así de todas las acusaciones y cargando todas las responsabilidades en el marido de su hermana y en el duque de Palma. Al contrario que su hermano, negó tener conocimientos de facturas falsas.

Marco Antonio Tejeiro. Era el encargado de llevar la contabilidad del duque de Palma y estuvo involucrado en todas las empresas de Nóos. Los correos interceptados por el juez verifican como Tejeiro se encargaba de inventar contratos y cargar gastos personales del duque (como multas de tráfico). En su declaración reconoció que ninguna administración pública le pidió alguna vez justificación sobre los fondos públicos percibidos.

Jaume Matas. El expresidente del Govern balear continúa imputado por el caso. Fue uno de los principales cargos que financió al duque y su implicación con el instituto viene a través del Palma Arena, un caso muy relacionado con Nóos. Matas presentó por todo lo alto los actos que organizaba el Instituto Nóos sobre turismo y deporte y que costaron 2,3 millones de euros al gobierno balear. El expresident declaró que entregó dinero al duque por pertenecer a la familia real.

José Luis "Pepote" Ballester. Se trata de un amigo personal del duque de Palma que se encargó de mediar ante Matas para lograr contratos con el Gobierno balear. Exregatista y medallista olímpico en Atlanta 96 (como Urdangarin), trabajó como director general de Deportes de las Islas Baleares bajo la presidencia de Matas. Ha sido señalado como uno de los principales implicados en la trama por varios de los imputados que han declarado ante el magistrado. En 2011 fue imputado por el juez Castro.

Juan Carlos Alía. Director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) entre 2003 y 2004. En 2012 tuvo que pagar una fianza de 150.000 euros para salir de la cárcel por su implicación en el caso Ibatur, otra ramificación del caso Nóos. En concreto, Alía declaró ante el juez que Ballester le comunicó que Ibartur debía financiar económicamente parte de la promoción del equipo ciclista Illes Balears-Banesto, que gestionaba el Instituto Nóos. Alía se justificó al entender que se trataba de una decisión tomada de antemano por las altas esferas, y por eso no la discutió.

Gonzalo Bernal. Exdirector de la Fundación Illesport. En su declaración cargó contra Matas y Ballester, asegurando que fue 'Pepote' quien le ordenó la firmara dos convenios por los que el Ejecutivo balear abonó a Nóos 2,3 millones de euros, parte de cuyo destino se desconoce. Pese a haber sido un alto cargo de Matas, pidió archivar su imputación al entender que era inocente, apelando al "vació normativo" existente y a que su órgano de gobierno era una fundación con funciones "meramente ejecutivas" que le venían avaladas.

Miguel Ángel Bonet. Exsecretario del Ibatur. La Audiencia de Palma le juzgó por apropiarse de 95.563 euros de fondos públicos del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) entre 2004 y 2007, simulando contratos menores por servicios que nunca se prestaron. El caso Ibatur investigaba el presunto fraude de fondos públicos desde dicho instituto entre los años 2003 y 2007 en los que se sucedieron cobros de comisiones y otras adjudicaciones. La Fiscalía llegó a reclamarle cinco años y dos meses de prisión.

Luis Lobón. Exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana. Castro acordó su imputación a petición de la acusación popular. Previamente, Lobón había sido llamado a comparecer como testigo por los contratos que reportaron más de tres millones de euros públicos al Instituto Nóos. Lobón también pidió anular su imputación alegando que los contratos con Nóos fueron avalados por distintos organismos del Ayuntamiento de Valencia y por la Generalitat, como la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau y Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA).

Jorge Vela. Exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y exdirector de Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA). En su declaración ante el juez afirmó que a la hora de decidir sobre la necesidad de prorrogar el convenio firmado con esta entidad para la organización del Valencia Summit rendía cuentas al entonces presidente del Consejo de Administración, Gerardo Camps, y al exsecretario autonómico, Luis Lobón. Como máximo dirigente de CACSA, cualquier decisión tenía que ser comunicada a Camps y autorizada por éste o ratificada por el Consejo de Administración, si bien en el caso concreto de la prórroga recordó que fue principalmente Lobón quien le dio la instrucción.

José Manuel Aguilar. Exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA), cargo que ocupó entre 2003 y 2005. Se desvinculó de todas las decisiones tomadas durante su mandato en torno al caso Nóos, como la concesión al instituto de un canon de un millón de euros. También justificó su decisión de no realizar un expediente administrativo para la organización por parte de Nóos del Valencia Summit debido a que era Urdangarin quien tenía la exclusividad sobre el proyecto, por lo que no se podía convocar un concurso público.

Elisa Maldonado. Exresponsable jurídica de CACSA y exdirectora gerente del Museo Picasso de Málaga, del que fue despedida, según ella, cuando se conoció su imputación por el caso Nóos. En su declaración también echó balones fuera, y afirmó que fue Jorge Vela quien le ordenó que falseara un informe en 2005 para aportar legalidad y credibilidad a la contratación del Instituto Nóos para que organizara las distintas ediciones del congreso deportivo Valencia Summit. La empresa de Urdangarin cobró más de un millón de euros entre 2005 y 2006 por ese congreso.

Mercedes Coghen. Exconsejera delegada de Madrid 2016. Era miembro a título personal del consejo de mecenazgo de la fundación de Iñaki Urdangarin a la que hizo donaciones por valor de 120.000 euros por trabajos que, según los investigadores, nunca se llevaron a cabo. La exconsejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid, que fracasó en su intento de convertir a Madrid en una ciudad organizadora de los Juegos, aseguró que nadie le había "participado" que ella a título personal perteneciera a dicho consejo y que tampoco asistió a ninguna reunión de dicho órgano.

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